La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, confirmó la condena a cinco años de prisión para el exjuez federal José Antonio Charlín por delitos tan variados como las amenazas para amedrentar al personal a su cargo, abuso sexual y amenazas hacia sus empleadas en un contexto de violencia de género laboral, amenazas a un fotógrafo y otros funcionarios, por la malversación de fondos públicos porque compró mobiliario y equipos de música con dinero que tenía otro fin, y haber roto el mobiliario de la oficina judicial en ataques de furia.
Todos los sucesos tuvieron lugar durante los casi dos meses que ejerció como juez subrogante en el Juzgado Federal de Santa Rosa, a mediados de 2013.
En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal de La Pampa había condenado a Charlín -quien había llegado al juzgado federal santarroseño, para reemplazar provisoriamente al titular, Pedro Zabala, que se encontraba gravemente enfermo- por ser autor de nueve hechos delictivos.
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Ahora la condena fue ratificada por la Cámara de Casación Penal. En el voto del juez Hornos se destacó el contexto de violencia general que generaba el imputado en el lugar de trabajo y la impunidad con la que se desenvolvía, dirigiéndose a los empleados con agresiones verbales y brotes de ira. También se comprobó que Charlín tenía una especial animosidad en contra de las empleadas mujeres atento a los comentarios estereotipados contra el género femenino dirigidos a cosificarlas y a incomodarlas.
Uno de los hechos que Casación ratificó fue el intento de acoso sexual a la secretaria penal del juzgado, Iara Silvestre. La mujer relató en el juicio cómo Charlín le hablaba de sus pechos, le hacía comentarios groseros, le tocaba la ropa con la excusa de preguntarle de qué material era y en una oportunidad le pasó la mano por toda la espalda hasta la cintura.
Según se pudo comprobar, la violencia utilizada por el exmagistrado se extendía hacia todos sus empleados, en ocasiones utilizando una trincheta y amenazando de muerte con irónicos comentarios: en una oportunidad, dijo, por ejemplo, que tenía ganas de “meterle la cabeza en la laguna hasta que dejaran de salir burbujas”.
También fueron amenazados con ser despedidos una docena de empleados contratados de la Secretaría Electoral. Charlín los citó uno por uno para preguntarles quién los había nombrado y cuál era su afinidad política, y decirles que podía echarlos porque quería nombrar a gente de su confianza. Los empleados declararon que el magistrado les dio copias de sus contratos en donde había resaltado con marcador fluorescente la cláusula que preveía que podía echarlos.
Adrián Pascual, fotógrafo del diario El Diario de la Pampa, también sufrió a Charlín. El juez lo agarró del brazo y lo sacó del edificio donde se estaba haciendo el recuento de votos de la elección primaria bajo la advertencia de que se tenía que “portar bien” porque tenía el ejército a disposición para echarlo y que el diario tenía que informarse mejor antes de publicar algo contra él. Ese medio fue uno de los primeros que publicaron las denuncias contra Charlín.
También fue condenado por malversar fondos públicos. El juez gastó 32.970 pesos del juzgado para comprar sillones, una televisión full hd de 32 pulgadas, un reproductor, un escritorio, un equipo de música y sanitarios.
