El Ministerio Público de la Defensa rechazó la baja de la edad de punibilidad

El Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de La Pampa rechazó públicamente el proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad penal.  Consideró que en La Pampa no se justifica su aplicación ya que la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es prácticamente mínima y pidió dar un debate amplio, público y sistemático.

“Nuestra postura se explica, en primer lugar, porque, como ya lo hemos expresado en oportunidades anteriores, este intento significaría un retroceso a nivel convencional y constitucional. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores que signifiquen el menoscabo de un derecho conquistado. Los Derechos Humanos solo admiten modificaciones que signifiquen la ampliación de los mismos, nunca su menoscabo”, expresó el MPF.

Sostuvo que la baja tiene como única finalidad “el castigo” para los más chicos y consideró que en La Pampa “no se justifica” su aplicación, ya que es mínima la cantidad de adolescentes que cometen delitos.

“Regresar a una edad establecida por la última dictadura y reformulada en democracia como una ampliación de derechos no puede nunca invocarse como integrando el catálogo de protección de derechos de niñas y niños, sino únicamente como castigo. Esta finalidad parece ser la única que contempla este nuevo impulso estatal”, agregó.

“La ampliación del poder punitivo del estado tampoco se justifica en una provincia como La Pampa, donde la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es prácticamente mínima. Los datos oficiales de todo el país corroboran históricamente esta evidencia, lo que la torna absolutamente ociosa la medida en materia político criminal”, sostuvo.

“Ello -continuó-, toda vez que los resultados esperables son de una mayor inseguridad, habida cuenta del deterioro de las condiciones de encierro en todo el continente en materia de salvaguarda de derechos humanos de las personas privadas de libertad. La cantidad de hechos violentos que acontecen en esos ámbitos debiera ser materia de preocupación prioritaria por parte de todas las agencias involucradas en el tema”.

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