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Constructoras piden declaración de emergencia en la ejecución de obra pública


La Cámara Argentina de la Construcción le envió una nota al Gobierno nacional en la que plantea la gravísima situación que está atravesando el sector desde el año pasado coninestabilidad financiera, falta de crédito y recorte en las partidas de obra pública, a lo que ahora se sumó la devaluación. Alertaron por una paralización completa de la actividad ante la incapacidad de fijar precios para los insumos y reclamaron la declaración de emergencia en la ejecución de contratos de obra pública.

«La incertidumbre genera alteraciones en los mercados, que han restringido la entrega de insumos (pues el proveedor no puede determinar el costo de reposición de lo entregado) o que proponen la entrega en cuenta corriente con precio a fijar», denunció Camarco en un comunicado.

«A las ya existentes dificultades de costos incontrolables y costos financieros exorbitantes, se agregan ahora dificultades de aprovisionamiento, que tornan imposible la continuidad de las obras, constituyendo una clara situación de emergencia», alertó la cámara empresarial.

«Solicitamos la declaración de emergencia en la ejecución de contratos de obra pública», reclamó.

Las constructoras insistieron en que por el ajuste fiscal «se generaban graves perjuicios los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas; demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente; aplicación de sanciones por incumplimiento del plan de trabajos, cuando existen razones más que fundadas que lo justifican; indefinición de los comitentes sobre la disponibilidad de cuota presupuestaria para los meses subsiguientes».

«Todas esas circunstancias han provocado efectos gravísimos sobre las empresas contratistas», puntualizó Camarco.

A partir de este diagnóstico, las compañías del sector propusieron el «pago urgente de todo crédito a favor del contratista», la «liquidación de las redeterminaciones de los precios aplicable de inmediato» y la «revisión de los precios contractuales de la obra pendiente de ejecución, en forma analítica, a valores vigentes en el momento en que se normalice la situación de los mercados».

También reclamaron por una «neutralización de los contratos sin multas ni sanciones, estableciendo un nuevo plan de trabajo por acuerdo de partes o se acuerde la rescisión sin culpa.


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