Si no surge ninguna disidencia de última hora, la Iglesia producirá esta semana una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado. Se tratan de 140 millones, lo que representa 7 % del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.
En agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad.
Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, no terminaron de fructificar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto.
En rigor, la llamada “separación” se consumó en 1966 con la firma del Acuerdo entre el Vaticano y el Estado argentino luego de años de conversaciones. La reforma constitucional del ’94 quitó la exigencia de ser católico para aspirar a la presidencia, pero mantuvo el artículo 2 que dice que “el gobierno federal sostiene al culto católico”, lo que además respalda, en los hechos, un status jurídico relevante.
Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los 40 mil pesos y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
Estos aportes totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia. Aquí no figuran los subsidios a sus escuelas, tema que no integra las conversaciones en curso porque también lo reciben otros cultos, pero ninguno por ser confesional, sino en base al principio de libertad de enseñanza.
Como contrapartida, destacan los expertos, la prescindencia de los fondos del Estado podría fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia, acallar críticas de otras confesiones –en especial, las evangélicas- y de los ciudadanos no religiosos que se niegan a costearla con sus impuestos.
