La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la intervención de Correo Argentino SA, empresa residual de la familia Macri, porque sospecha que obstaculiza y brinda información falaz sobre el estado de sus cuentas, en el marco de una investigación por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990.
El juzgado se encontró con que esa firma, que tuvo en concesión el correo estatal entre 1997 y 2003, impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana, indicaron a Letra P fuentes vinculadas al expediente.
La medida supone un giro en la causa, ya que Cirulli no había dado pasos para investigar el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA, denunciado en 2017 por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín.
A partir de la decisión judicial, un interventor coadministrará por al menos un mes la empresa residual de correos para revisar sus gastos y acceder a la documentación que la firma de los Macri negó al juzgado, indicaron las mismas fuentes. Al cabo de 30 días, la intervención podría profundizarse o levantarse.
Entre una variedad de ejemplos de información engañosa citados en la resolución de intervención firmada el viernes pasado, la jueza Cirulli detalló que Correo Argentino SA, tras afirmar que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una ‘gracia’, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como ‘deuda’ en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de U$S 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros ‘gastos legales’”. Es decir que, de buenas a primeras, le surgió una nueva deuda al correo residual a favor de la empresa madre de los Macri de $64 millones.
Boquín denunció que Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, fraguó pagos y cedió fondos a Socma y Sideco, a la vez que contrató a consultoras y estudios de abogados allegados a funcionarios y legisladores. El objetivo de la maniobra -según Boquín- habría sido esmerilar las cuentas de la empresa residual en detrimento de sus acreedores reales, además de beneficiar con pagos millonarios al estudio Tonelli -del que era socio el diputado Pablo Tonelli y en el que trabaja su hija, Mercedes-, además del de Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).
La sospecha de Boquín recibió, en abril pasado, el respaldo de las camaristas María Lila Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, en lo que también representó un giro del tribunal de apelaciones.
Además de los supuestos desvíos de fondos, el ardid denunciado habría consistido en privilegiar a ciertos acreedores con el pago de honorarios para lograr su anuencia en el levantamiento del concurso.
